Texto del POS, partido con el cual nosotros del MRS actuamos junto en el CRIR”Carta Abierta a familiares de 43 normalistas de Ayotzinapa

A las madres y padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,
A los familiares de los estudiantes asesinados y heridos el 26 de septiembre de 2014 y el 11 de diciembre de 2011,
A los estudiantes y ex estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos:

Al estar por cumplirse siete años del salvaje ataque que sufrieron sus hijos o compañeros el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, no se avizora ningún avance de consideración en la investigación y por tanto no hay un solo sentenciado por su responsabilidad en la bárbara represión. La impunidad sigue imperando. Las sombras siguen cayendo sobre México. Tampoco con el actual gobierno del supuesto progresista López Obrador sale ni saldrá el país de la densa noche de aquel día aciago en Guerrero. Como Partido Obrero Socialista les hacemos llegar nuestro punto de vista sobre el caso, de manera respetuosa, solidaria y combativa.

Seremos claros y claras:

La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ), creada por el presidente López Obrador, es un ente poco menos que inútil que, como dicen los abogados de Tlachinollan, “poco podía hacer, no tenía facultades de investigación penal. Desprovista de estas atribuciones se limitaba a realizar reuniones con distintas dependencias para articular la voluntad presidencial y la colaboración en el caso, y a realizar algunas búsquedas de los estudiantes desaparecidos, sin embargo, no podía entrevistar a testigos y personas, inspeccionar lugares y procesar evidencias.” Aunque ha sido creada la Fiscalía Especial para el caso, la función de la CoVAJ no ha cambiado mayormente y sus resultados reales después de más de 20 meses de creada son insignificantes.

En cuanto a esta Fiscalía Especial, llamada Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), que encabeza Omar Gómez y que por ley puede y debe hacer investigación penal, sus resultados también son magros. El problema es que depende del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, un connotado miembro del régimen del PRIAN, funcionario del presidente Vicente Fox.

Gertz Manero, para decirlo pronto, pertenece a la llamada “mafia del poder” que desgobernó el país durante las décadas pasadas y que hará todo lo posible por sabotear cualquier intento serio de la UEILCA por buscar la verdad.

Y no exageramos: el fiscal, de acuerdo con investigaciones de Anabel Hernández, recibía portafolios llenos de relojes de lujo de Luis Cárdenas Palomino, alto funcionario en seguridad también en el pasado. Hoy los allegados de Palomino ocupan altos puestos en la FGR, mientras que el este sujeto está encarcelado en EU acusado de colaborar con el narco.

Como reportaron los abogados de Tlachinollan hace casi un año, se libraron más de 60 órdenes de aprehensión, y la FGR “sólo ejecutó muy pocas. Versiones extraoficiales refieren que desde el interior de la Fiscalía se alerta a los prófugos para que evadan la acción de la justicia, esto no es remoto si tomamos en cuenta que a la fecha están enquistados en la institución en puestos de alto nivel personas que estuvieron en la administración anterior y que respaldaron la mal llamada ‘verdad histórica’.”

Con otras palabras, la FGR de Gertz Manero es enemiga de ustedes y hará todo lo posible por impedir que la UEILCA funcione.

Otra prueba de lo anterior es que la FGR se tardó casi un año y medio en darse cuenta que tenía que aprehender a Tomás Zerón, el operador de Peña Nieto y de Murillo Karam para encubrir a los verdaderos responsables y poner en circulación la “verdad histórica”. Una de las primeras acciones de la FGR con el nuevo gobierno de AMLO era poner tras las rejas a Zerón, lo que debió haber hecho desde fines de 2018, apenas asumió AMLO la presidencia. Pero lo hizo hasta principios de 2020, es decir, le dio toda la oportunidad para fugarse. Y nosotros decimos que lo hizo a propósito.

Algo parecido a la FGR ocurre con la SEDENA y la Secretaría de Seguridad Pública.

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Según Tlachinollan, respecto a los señalamientos que pesan contra elementos de ese instituto armado, adscritos al 27 Batallón de Infantería, “han mantenido total hermetismo.”

Pero el problema no solo son dos o tres instituciones del actual gobierno federal de AMLO, que siguen actuando igual que en el pasado y que harán todo lo posible por obstaculizar que se conozca la verdad.

El mayor problema es el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya política general de gobierno es contraria a los anhelos de verdad y justicia para los estudiantes normalistas rurales no sólo de Guerrero sino del resto del país.

Hace un año, el pasado 26 de septiembre de 2020, AMLO escuchó las siguientes palabras de la señora María Martínez Seferino, madre de uno de los compañeros desaparecidos:
“No tenemos nada [ningún avance en la investigación ni en el castigo a los responsables].” “Y cuándo les van a llegar a los militares?”
AMLO contestó que habría detenciones de elementos de la PF y “también contra militares que se van a ejecutar”. “Vamos a seguir mes con mes, informando.” “Quiero que me entreguen el informe si ya se detuvo a los de las fuerzas armadas”.

Como tantas otras, fueron promesas vacías, incumplidas. Pasó un año y nada relevante pasó. Más bien fue un año perdido, de mayor frustración, desgaste y desmoralización para las víctimas, sus familiares y compañeros. Y para todo el país.

AMLO ha configurado una fuerte alianza con las fuerzas armadas, especialmente con la SEDENA. Cada vez que el presidente cede ante los militares –y lo ha hecho ya en repetidas ocasiones- se aleja la verdad y la justicia. Junto con ello, gobernadores de su partido (Chiapas y Puebla) o de sus aliados del PRI (Hidalgo) han desplegado una dura represión contra los normalistas rurales de distintas escuelas.

No es cierto que existen avances considerables en las investigaciones. Eso es falso. Con este gobierno la causa de los desaparecidos y asesinados en Iguala no tiene futuro. Por ello es que les planteamos:

 Acudir ante la Corte Penal Internacional, a lo que tienen todo el derecho ya que México es suscriptor de esta instancia. Fue creada en 1998, en Roma y su sede está en La Haya, Países Bajos. Para casos como el de Ayotzinapa de 2014 se creó esta Corte. Por ejemplo, establece que “se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.” Esto fue la Noche de Iguala, una serie de crímenes de “lesa humanidad”, es decir, fueron crímenes que no sólo hirieron profundamente a las víctimas, a sus allegados y a los mexicanos sino a la humanidad toda. Entre los crímenes que son de su competencia incluye expresamente, en su inciso “i)” la “desaparición forzada de personas”.

 En el mismo tenor, los instamos a acogerse a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la ONU, y de la cual México también es suscriptor. En su artículo 26, establece que “para la aplicación de las disposiciones de la presente Convención se constituirá un Comité contra la Desaparición Forzada integrado por diez expertos de gran integridad moral.”

No faltará quien nos objete con el argumento de que los recursos efectivos disponibles en México para aclarar y hacer justicia por Iguala 2014 no han sido agotados. A ellos les contestamos que la misma Convención prevé que “esta regla no se aplica si los procedimientos de recursos exceden plazos razonables.”

Y vaya que en México la espera de verdad y justicia ha excedido todo plazo razonable, pues ¡ya son siete años sin que lleguen ni una ni otra!

Es necesario que se consideren los atroces hechos de septiembre de 2014 en relación con la ejecución por policías federales y policías ministeriales de los dos normalistas de Ayotzinapa el 11 de diciembre de 2011 en Chilpancingo. Estos últimos hechos, que estuvieron acompañados de la tortura de decenas de jóvenes, quedaron en la más completa impunidad Tanto los expertos del Comité contra la Desaparición Forzada como los jueces del TPI comprenderán que entre ambos sucesos existe un mismo modus operandi de los mismos responsables: PF, Policías Ministeriales y Ejército.