Obreras ocupan fábrica y hacen huelga de hambre en El Salvador, contra el despido y para recibir los salarios.

En julio de 2020, 196 mujeres y 14 hombres, trabajadores de la fábrica Florenzi en El Salvador, fueron despedidos, sin pagar su salario ni sus derechos laborales. Los propietarios cerraron la fábrica y tenían la intención de vender el equipo y dejar a los trabajadores sin nada. Por eso se organizaron y ocuparon la fábrica, y llevan 6 meses combatiendo allí.

El cierre de Industrias Florenzi S.A de C.V, en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, El Salvador, fue ilegal desde un principio. No se pagaba ninguna compensación a los trabajadores y ya no se pagaban salarios ni derechos laborales. Fue un despido masivo, cruel y violento, que puso a cientos de familias en la pobreza, con el alegato de la pandemia, que justificó el cierre de la empresa desde el 19 de marzo de 2020. Desde entonces, los patrones simplemente han dejado de pagar salarios y cotizaciones obligatorias legales (seguridad social y pagos laborales).

Muchos trabajadores y trabajadoras ya padecían enfermedades crónicas que necesitan tratamiento médico y el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social dejó de atenderlos. Algunos trabajadores también estuvieron a punto de tomarse el tiempo para jubilarse (55 años para las mujeres y 60 para los hombres), pero esto ya no será posible debido a la pérdida del empleo, y el empleador ha retenido ilegalmente los pagos de la seguridad social desde hace algunos meses.

Sin alternativas, luego de ser informados del cierre de la empresa y los despidos de todos el 1 de julio de 2020, las 196 mujeres y 14 hombres decidieron ocupar la fábrica, lo que han hecho desde el 8 de julio. Durante 6 meses han protegido la maquinaria y otros bienes, evitando así que el empleador deje la propiedad vacía, sin garantía de pago a las decenas de trabajadores que no reciben nada durante todo este período.

Es urgente exigir el pago inmediato de todos los atrasos, la indemnización por despido del 100% y todos los beneficios legales a pagar. La mayoría de los empleados han trabajado en la fábrica por más de 25 años, y muchas mujeres son jefas de hogar, madres solteras y mayores de 50 años, con enfermedades crónicas o con alguna discapacidad. En otras palabras, con pocas posibilidades de conseguir otro trabajo formal, especialmente ante la crisis económica que atraviesa El Salvador.

El gobierno de El Salvador es cómplice de esta agresión contra más de 200 trabajadores, y el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, no ha realizado ninguna acción en defensa de los derechos de los trabajadores. En distintas ocasiones, en sus cuentas oficiales en redes sociales, en ruedas de prensa y en entrevistas de radio y televisión, el Ministro de Trabajo manifestó que “no permitiría un solo despido en esta crisis” y que “enjuiciaría a todos los empresarios que tomen ventaja de la situación “. Pero, de hecho, protege los intereses de los patrones, y el gobierno de El Salvador demuestra que es enemigo de los trabajadores, las mujeres y los que más víctimas de la crisis capitalista y los efectos de la pandemia.

Las trabajadoras de Florenzi quedaron a su suerte, y nada se resolvió sobre las demandas interpuestas por el Juzgado de Trabajo para solicitar la incautación preventiva de los bienes de Industrias Florenzi SA de CV, para pagar a los trabajadores. Por ello, las trabajadoras realizaron la “Jornada de Lucha y Solidaridad con las Mujeres Organizadas en la Resistencia de Florenzi”, con actos, manifestaciones y, ahora, el inicio de una huelga de hambre.

Nos sumamos a la lucha de estas mujeres y hombres que no tienen nada que perder, y exigimos que se cumplan las siguientes demandas:

1- El pago del 100% de indemnización, los salarios caídos, horas extras, vacaciones, aguinaldo, bonos y otras prestaciones adeudadas por parte de Industrias Florenzi.

2- Que se judicialice y condene al dueño Sergio Pineda por violación a los derechos laborales y retención de cuotas del ISSS y AFP.

3- Que los jueces de lo laboral agilicen el proceso judicial, dictaminen las medidas cautelares o embargo preventivo y haya justicia laboral para las trabajadoras y los trabajadores despedidos.

4- Que cese el amedrentamiento y acoso por parte de la Policía Nacional Civil y que esta se limite nada más a brindar seguridad y no a infundir temor ni realizar persecución a quienes se encuentran en la fábrica.

5- Que se destituya al ministro Rolando Castro por no actuar apegado a derecho sino de manera parcializada al lado de las patronales perjudicando a la clase trabajadora.

6- Que se señale al Estado salvadoreño como violador de derechos humanos ya que dejo en abandono a 210 personas (mujeres en su mayoría) a quienes se le sacó el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, seguridad social, a una vida libre de violencia hacia las mujeres, a la alimentación, libertad sindical, a la protección de la família y a una vida digna. 7- Que todas las instituciones encargadas de tutelar los derechos humanos y laborales actúen e intervengan para una solución de esta problemática que tiende a agudizarse.